Los enfrentamientos entre socios en sociedades cerradas y con mayor frecuencia en sociedades familiares participadas al cincuenta por ciento no son una patología residual del tráfico mercantil, sino una constante que acaba irrumpiendo en el despacho con una urgencia que no admite demora. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha tenido que intervenir en numerosas ocasiones para sancionar convocatorias formalmente correctas pero realizadas con el propósito de dejar fuera al otro socio, acuerdos sociales adoptados con abuso de derecho, y exclusiones o diluciones instrumentalizadas para forzar la salida del socio discrepante. Todo ello revela que el problema no empieza en la convocatoria de la junta ni en la impugnación de sus acuerdos: empieza mucho antes, cuando la relación entre los socios se deteriora y ninguno de ellos ni sus asesores ha previsto mecanismos que permitan gestionar esa ruptura de forma ordenada.
El presente artículo analiza los instrumentos tanto legales como convencionales de los que disponen los socios y sus asesores para anticipar el conflicto, encauzarlo cuando ya se ha producido y, en su caso, resolverlo sin necesidad de recurrir a la impugnación judicial de acuerdos.
I. El conflicto societario en la sociedad cerrada: naturaleza y tipología
La sociedad de responsabilidad limitada y, con menor frecuencia, la sociedad anónima cerrada es el vehículo jurídico habitual de la empresa familiar española. Su nota característica es la intuitu personae: la identidad y las relaciones de los socios son, en mayor o menor medida, el sustrato sobre el que descansa el negocio. Cuando esa confianza se quiebra, el conflicto no afecta únicamente a la esfera personal de los socios: se traslada a la propia operativa de la sociedad, bloqueando la adopción de acuerdos, paralizando la gestión y, en último término, destruyendo valor.
Las causas del conflicto son variadas, pero pueden agruparse en tres grandes categorías:
Conflictos de origen personal o familiar. El divorcio entre cónyuges que son socios conjuntamente, el fallecimiento de un socio fundador con transmisión mortis causa de la participación a herederos sin vocación empresarial, o el deterioro de relaciones familiares que hasta entonces habían sostenido la convivencia societaria. En todos estos casos, el conflicto no nace en la sociedad, pero la invade.
Conflictos de origen económico. La discrepancia sobre la política de distribución de dividendos —especialmente cuando uno de los socios necesita liquidez y el otro prefiere la capitalización—, la retribución de los socios que ejercen funciones directivas frente a los que son meramente inversores, o la desavenencia sobre la estrategia de crecimiento o desinversión de la compañía.
Conflictos de origen estructural. La composición paritaria del capital —el omnipresente cincuenta por ciento— es, en sí misma, un factor de riesgo. Sin mecanismos de desempate, cualquier desacuerdo sobre materias que requieran mayoría simple puede provocar un bloqueo indefinido del órgano de gobierno.
II. Los remedios preventivos: el protocolo y la cláusula estatutaria
El mejor remedio frente al conflicto es el que se articula antes de que este se produzca. La práctica societaria ofrece dos grandes instrumentos de carácter preventivo: el protocolo familiar o pacto parasocial entre socios y la cláusula estatutaria específicamente diseñada para situaciones de bloqueo o de ruptura.
1. El protocolo familiar y los pactos parasociales
El protocolo familiar es un acuerdo entre socios habitualmente de carácter privado y, por tanto, sin eficacia frente a terceros en el que se regulan las relaciones entre los titulares del capital y, en su caso, entre estos y la sociedad, con vocación de permanencia y estabilidad. Su contenido puede ser muy variado: política de dividendos, restricciones a la transmisión de participaciones, mecanismos de incorporación y exclusión de socios, reglas de sucesión en la gestión o criterios de valoración de la participación en caso de salida.
Desde la perspectiva del conflicto societario, lo más relevante del protocolo no es su contenido declarativo la enunciación de valores o principios de actuación—, sino las cláusulas de naturaleza operativa que regulan qué ocurre cuando los socios discrepan. Entre ellas cabe destacar:
Cláusulas de mediación previa. Antes de acudir a la vía judicial o arbitral, los socios se comprometen a someter la controversia a un mediador o a una comisión de arbitraje interno. Este tipo de cláusulas no solo abaratan el coste del conflicto: también preservan la relación durante el proceso, lo que resulta especialmente valioso cuando la sociedad debe seguir operando mientras la disputa se resuelve.
Cláusulas de desempate. En sociedades al cincuenta por ciento, es habitual prever la designación de un administrador independiente con voto de calidad para materias tasadas, o la consulta a un experto externo cuya decisión sea vinculante para ambas partes en cuestiones técnicas (valoración de activos, política retributiva, etc.).
Cláusulas de salida ordenada. Son las más relevantes en caso de ruptura definitiva. Las más utilizadas son la cláusula de opción recíproca de compra (tag along / drag along adaptadas al contexto bilateral), la cláusula shot-gun o buy-sell en la que cualquiera de los socios puede ofrecer al otro comprar o vender sus participaciones al mismo precio, y las cláusulas de primera oferta.
La validez de estas cláusulas en el ordenamiento español no está exenta de debate, pero la jurisprudencia ha ido admitiendo progresivamente su eficacia siempre que no contravengan normas imperativas ni el orden público societario. La reciente evolución legislativa en materia de acuerdos de socios ha reforzado este marco, aunque con importantes limitaciones en cuanto a su oponibilidad frente a la sociedad.
2. Las cláusulas estatutarias de bloqueo y salida
A diferencia del protocolo, los estatutos sociales son oponibles frente a terceros y a la propia sociedad. Por ello, la incorporación a los estatutos de mecanismos de gestión del conflicto tiene una eficacia jurídica superior, aunque también una rigidez mayor, dado que su modificación requiere mayoría reforzada en junta general.
Entre las cláusulas estatutarias más relevantes en este contexto cabe mencionar:
Restricciones a la libre transmisión de participaciones. El artículo 107 de la LSC permite configurar estatutariamente el régimen de transmisión con una amplísima libertad. Las cláusulas de consentimiento del órgano de administración, de tanteo a favor de los restantes socios o de autorización de la junta son instrumentos habituales que, bien diseñados, evitan la entrada de terceros no deseados en momentos de conflicto.
Derechos de exclusión y separación reforzados. La LSC recoge causas legales de separación (artículos 346 y siguientes) y de exclusión (artículos 350 y siguientes), pero permite su ampliación estatutaria. En sociedades con socios en conflicto potencial, es especialmente útil prever la exclusión por incumplimiento del protocolo o por conductas desleales tipificadas en los propios estatutos, así como el derecho de separación ante cambios en el objeto social, traslado del domicilio al extranjero o modificaciones sustanciales de los derechos políticos o económicos del socio.
Cláusulas de valoración predeterminada. Uno de los principales focos de conflicto en los procesos de salida es la discrepancia sobre el valor de la participación. Los estatutos pueden prever criterios de valoración por referencia al valor contable, al valor razonable o a un múltiplo de EBITDA y designar al experto encargado de su determinación (habitualmente, el auditor de la sociedad o un experto independiente designado por el Registro Mercantil conforme al artículo 353 de la LSC).
III. Los remedios legales una vez producido el conflicto
Cuando el conflicto ya ha aflorado y las partes no han previsto mecanismos convencionales de resolución, el ordenamiento ofrece un conjunto de remedios de naturaleza legal que conviene sistematizar.
1. La separación del socio
El derecho de separación es el remedio natural del socio que, disconforme con determinadas decisiones de la mayoría, prefiere salir de la sociedad antes que quedar vinculado por ellas. La LSC reconoce causas legales de separación sustitución o modificación sustancial del objeto social, prórroga, reactivación, creación de prestaciones accesorias, modificación del régimen de transmisión de participaciones y, en las SRL, falta de distribución de dividendos durante cinco años cuando los beneficios sean legalmente distribuibles y representen al menos un tercio de los resultados propios del ejercicio y permite su ampliación estatutaria.
El ejercicio del derecho de separación obliga a la sociedad a adquirir las participaciones del socio saliente al precio fijado por acuerdo de las partes o, en su defecto, por un experto independiente designado por el Registro Mercantil. Esta valoración ha sido fuente de conflicto autónomo en numerosos procedimientos, lo que refuerza la conveniencia de pactar criterios objetivos de valoración con carácter previo.
2. La exclusión del socio
A diferencia del derecho de separación que es un remedio en manos del socio, la exclusión es un mecanismo que la sociedad puede ejercitar frente al socio que ha incurrido en determinadas conductas tipificadas en la ley o en los estatutos. Las causas legales de exclusión previstas en los artículos 350 y 351 de la LSC son: el incumplimiento de las obligaciones de aportación o de prestación accesoria, la infracción de la prohibición de competencia y la condena por sentencia firme a indemnizar a la sociedad por los daños causados en el ejercicio del cargo de administrador.
La exclusión requiere acuerdo de la junta general adoptado por mayoría ordinaria, salvo que el socio a excluir sea titular de participaciones que representen la mayoría del capital, en cuyo caso será precisa una mayoría reforzada o, en su caso, la intervención judicial. La expulsión conlleva el reembolso al socio del valor razonable de sus participaciones, con aplicación análoga al procedimiento previsto para la separación.
3. La disolución judicial por paralización de órganos
Cuando el conflicto entre socios provoca una situación de bloqueo estructural que impide el funcionamiento normal de los órganos sociales, el artículo 363.1.d) de la LSC prevé como causa de disolución la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento. Esta causa puede ser invocada por cualquier socio ante el juez de lo mercantil, quien, previa audiencia de la sociedad, puede acordar la disolución y el nombramiento de liquidadores.
La disolución judicial es, por definición, el remedio de última instancia: destruye la empresa como unidad económica y, salvo en los casos en que la sociedad carezca de actividad real, suele resultar contraria al interés de ambas partes. Por ello, la jurisprudencia ha interpretado restrictivamente los presupuestos de la paralización, exigiendo que el bloqueo sea efectivo, continuado y sin perspectiva razonable de solución.
4. El nombramiento judicial de auditor y de administrador
Antes de llegar a la disolución, el ordenamiento ofrece remedios menos drásticos. El artículo 265.2 de la LSC permite a cualquier socio que represente al menos el cinco por ciento del capital solicitar al Registrador Mercantil el nombramiento de un auditor de cuentas cuando la sociedad no esté obligada a auditar o cuando, estándolo, el nombramiento no se haya llevado a cabo. Este instrumento es especialmente útil cuando uno de los socios sospecha de una gestión opaca por parte del administrador.
Por su parte, el artículo 171 de la LSC prevé el nombramiento judicial de administrador cuando el cargo esté vacante y los mecanismos estatutarios de cobertura se hayan agotado. En situaciones de conflicto, este precepto puede ser utilizado para garantizar que la sociedad tenga una administración efectiva durante el período de crisis.
5. La impugnación de acuerdos sociales
La impugnación de acuerdos es el remedio más frecuentemente utilizado en la práctica litigiosa y, al mismo tiempo, el más costoso en términos de tiempo y recursos. El artículo 204 de la LSC, en su redacción vigente desde la reforma de 2014, distingue entre acuerdos nulos por ser contrarios al orden público y acuerdos anulables por infringir la ley, los estatutos o el reglamento de la junta, o por lesionar el interés social en beneficio de uno o varios socios. La legitimación para impugnar corresponde a los administradores, a cualquier socio que haya votado en contra, a los que se hubieran abstenido o que hubieran sido ilegítimamente privados de su voto, y a los terceros que acrediten interés legítimo.
La jurisprudencia ha extendido el ámbito de la nulidad a supuestos en que los acuerdos, aun formalmente válidos, se adoptan en el marco de una actuación presidida por la mala fe o el abuso de derecho. Esta extensión del control judicial, fundada en el artículo 7 del Código Civil, supone un avance significativo en la protección del socio minoritario o del socio excluido de facto del gobierno de la sociedad.
IV. La buena fe como principio rector: una reflexión de fondo
La lectura conjunta de la jurisprudencia reciente sobre convocatorias viciadas, exclusiones abusivas y disoluciones por bloqueo permite extraer una conclusión de alcance general: el derecho societario español ha avanzado decididamente hacia la incorporación del principio general de buena fe como criterio de validación no solo de los actos de los administradores, sino también de los propios socios en el ejercicio de sus derechos.
Este proceso, que encuentra su anclaje en el artículo 7 del Código Civil y en el artículo 204.1 de la LSC que sanciona con anulabilidad los acuerdos que lesionan el interés social en beneficio de uno o varios socios, tiene consecuencias prácticas de primer orden. El socio mayoritario que utiliza su posición de control para adoptar acuerdos formalmente válidos pero sustancialmente abusivos incremento desproporcionado de su retribución como administrador, ampliaciones de capital dilutivas sin causa objetiva, operaciones vinculadas a precio de no mercado— se expone a la impugnación de esos acuerdos con fundamento no solo en las normas específicas de la LSC, sino en el principio general de interdicción del abuso de derecho.
Del mismo modo, el socio que instrumentaliza los mecanismos legales de protección como el derecho de separación o la solicitud de disolución judicial— para forzar una negociación sobre el precio de sus participaciones, sin que concurran realmente los presupuestos legales de esas instituciones, puede incurrir en abuso de derecho con las consecuencias que ello conlleva.
V. Consideraciones finales para el asesor
El conflicto entre socios no es solo un problema jurídico: es también un problema de gestión del tiempo y de las expectativas. Cuanto más tarde se aborda, mayor es el daño económico, reputacional y personal que genera. Por eso, el papel del asesor jurídico y fiscal en la prevención y resolución de estos conflictos es, en muchos casos, más relevante que el del abogado litigante que interviene cuando ya no queda otra salida que el juzgado.
Desde nuestra experiencia, la aproximación más eficaz al conflicto societario sigue un esquema de tres fases que conviene tener presente:
Primera fase — Prevención. En el momento de constitución de la sociedad o de entrada de un nuevo socio, es imprescindible diseñar estatutos que contemplen los escenarios de ruptura: cláusulas de transmisión restringida, de valoración objetiva de participaciones, de separación reforzada y de arbitraje. Un protocolo familiar o pacto parasocial bien redactado en ese momento vale infinitamente más que el mejor abogado litigante en el momento del conflicto.
Segunda fase — Gestión temprana. Ante los primeros síntomas de deterioro de la relación entre socios —discrepancias recurrentes en junta, retrasos en la aprobación de cuentas, bloqueo en la renovación de cargos, el asesor debe proponer activamente la apertura de un proceso de mediación o de negociación asistida. La mediación mercantil, aún poco utilizada en España respecto a otros ordenamientos europeos, ofrece resultados notablemente superiores a la vía judicial en términos de coste, tiempo y preservación de la relación.
Tercera fase — Resolución forzada. Cuando la mediación fracasa o no es posible, el asesor debe evaluar qué remedios legales se adecúan mejor a los intereses de su cliente: separación, exclusión, impugnación de acuerdos o disolución judicial. La elección del remedio no debe basarse únicamente en su viabilidad jurídica, sino también en su impacto sobre el valor de la sociedad y sobre la posición negociadora del cliente.
En cualquiera de estas fases, la documentación es fundamental. El conflicto entre socios es, en muchos casos, un conflicto de prueba: quien acredita mejor los hechos la intención de excluir, el cambio sorpresivo de sistema de convocatoria, la dirección real del socio, la existencia de un acuerdo verbal sobre distribución de dividendos tiene una ventaja decisiva en el litigio. El asesor diligente documenta desde el primer momento y asesora a su cliente para que haga lo mismo.